La instalación masiva de centros de datos en España ha desatado una batalla que ya ha llegado a los tribunales. En Aragón, Extremadura y Castilla y León, organizaciones ecologistas y colectivos vecinales se oponen a unos proyectos que, según denuncian, amenazan con comprometer recursos vitales como el agua y la energía, y con poner en riesgo el esfuerzo de décadas de transición energética.
Un debate entre economía y medioambiente
Las comunidades autónomas que acogen estos proyectos los defienden por su impacto económico: solo en Aragón, las inversiones en centros de datos ascenderán a 70.000 millones de euros y generarán más de 9.000 empleos cualificados. Sin embargo, los ecologistas advierten de que los centros de datos proyectados en esa comunidad podrían multiplicar entre siete y nueve veces su consumo eléctrico actual, llegando a representar el 20% del consumo eléctrico de toda España.
En Extremadura, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el megaproyecto de Merlin Edged en Navalmoral de la Mata, ya admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia extremeño. En Aragón, se trabaja en una demanda contra los proyectos de Amazon Web Services, que acumulan más de 25.000 páginas de documentación repartidas en 70 publicaciones en el BOE.
El problema energético de fondo
Uno de los argumentos centrales de los ecologistas es que no existe suficiente energía renovable disponible en la red para abastecer la demanda de estas infraestructuras. La preocupación es que los centros de datos acaben tirando de ciclos combinados, gas natural o prórrogas nucleares, comprometiendo así los avances logrados en la transición energética española. A ello se suma la presión sobre los recursos hídricos, con colectivos como ‘No es sequía, es saqueo’ exigiendo que la normativa restrinja el acceso al agua en situaciones de escasez.
Un camino jurídico por construir
La judicialización de estos proyectos enfrenta un reto mayor: la regulación no está diseñada para este tipo de infraestructuras. Las empresas han aprendido a fragmentar sus proyectos en aprobaciones parciales para agilizar la tramitación, mientras los ecologistas deben construir argumentos jurídicos desde cero, adaptando jurisprudencia pensada para otros casos.
Paralelamente, el Gobierno trabaja en un real decreto para que los centros de datos sean “sostenibles, eficientes y soberanos”, que exige cubrir su consumo con energías renovables. Una regulación que no convence ni a ecologistas ni al sector empresarial, pero que supone un primer paso en la dirección correcta.
Los próximos dos años serán clave: los litigios abiertos sientan precedente en un debate que, tarde o temprano, definirá cómo España quiere crecer en la era de la inteligencia artificial.
