El presidente de Repsol, Antonio Brufau, reclamó en la Junta General de Accionistas un cambio de enfoque en la política energética europea: menos confrontación entre tecnologías y más integración de todas las fuentes disponibles. Sus declaraciones reflejan la posición de una compañía cuyo modelo de negocio combina hidrocarburos, refino y renovables, y que lleva meses presionando contra un marco regulatorio que considera hostil a los combustibles fósiles y a los biocombustibles.
El argumento central: Europa no puede prescindir de ninguna energía
Brufau defendió que la transición energética debería plantearse como un proceso de integración y no como una sustitución abrupta de unas fuentes por otras. En su intervención, advirtió que si Europa mantiene una política en la que “la única tecnología aceptada para el desarrollo futuro es la generación eléctrica renovable, estamos destinados a mantener la irrelevancia que hoy tiene”. Frente a eso, propuso que los reguladores adopten “una visión mucho más amplia, no confrontativa, que permita ayudar a todas las energías”.
El argumento de fondo es la dependencia energética. Según datos citados por Brufau —sin fuente explícita en el material—, la UE importa cerca del 60% de la energía que consume, lo que la expone a tensiones geopolíticas que Estados Unidos, “autosuficiente” energéticamente, puede absorber con más margen. En ese contexto, el presidente de Repsol considera que Europa no debería renunciar a explotar recursos autóctonos, incluidos los hidrocarburos.
La posición de Brufau no es nueva ni aislada: representa una línea argumental que comparten varias grandes energéticas europeas con activos en refino y producción de hidrocarburos, y que ha encontrado eco en algunos gobiernos en el debate sobre el ritmo de la transición. Pero también es la posición de una empresa con intereses directos en que esa transición no sea demasiado rápida ni demasiado excluyente.
El refino español como argumento geopolítico
Uno de los momentos más concretos de la intervención fue la defensa del sistema de refino español. Brufau lo calificó como el “mejor de Europa” y señaló que las ocho refinerías españolas contrastan con los 35 cierres registrados en el continente en los últimos quince años. Esa capacidad instalada, según el directivo, ha permitido a España afrontar la crisis de suministro derivada del conflicto en Oriente Medio desde una posición más sólida que otros países europeos.
El consejero delegado, Josu Jon Imaz, añadió que Repsol está en condiciones de cubrir toda la demanda de queroseno de sus clientes y mantener un excedente de entre el 20% y el 25% sobre esas necesidades dato no verificable externamente con el material disponible. La compañía ha invertido más de 15.000 millones de euros en el negocio del refino sin apoyo público, según declaró Brufau, lo que respalda su argumento de que el sector ha asumido un riesgo de inversión considerable sin el respaldo que otras tecnologías han recibido.
Biocombustibles: apoyo con crítica regulatoria incluida
Brufau dedicó parte de su intervención a defender los combustibles renovables como vía para valorizar residuos y materias primas actualmente infrautilizadas. Sin embargo, criticó las restricciones regulatorias europeas que, a su juicio, reducen progresivamente las materias primas elegibles para producir biocombustibles, dificultando el desarrollo de esta línea.
Es un flanco en el que Repsol tiene posición industrial relevante: la compañía ha invertido en plantas de biocombustibles y combustibles sintéticos en España y Portugal, y el marco regulatorio de los RFNBO combustibles renovables de origen no biológico—y la clasificación de materias primas elegibles afecta directamente a su rentabilidad en ese segmento.
Dividendos al alza mientras el debate estratégico continúa
Al margen del debate energético, Imaz presentó la actualización del plan estratégico con un mensaje claro para los accionistas: la retribución sube. Entre 2026 y 2028, Repsol destinará entre el 30% y el 40% del flujo de caja operativo a dividendos y recompra de acciones, con un crecimiento del dividendo por acción de entre el 6% y el 9% anual. La Junta aprobó un dividendo de 0,551 euros brutos por acción en julio de 2026 y otro de 0,530 euros en enero de 2027.
La combinación de un discurso crítico con la regulación energética europea y una política de retribución al accionista al alza sitúa a Repsol en una posición característica de las grandes energéticas integradas: presión sobre el marco normativo mientras se mantiene la rentabilidad en el modelo actual.
