La contratación pública es el proceso mediante el cual las autoridades públicas, como departamentos gubernamentales y administraciones locales, adquieren bienes y servicios sus para instalaciones. Dado que a menudo se adquieren grandes cantidades, por ejemplo productos para comedores públicos, la contratación pública representa el 10% de la huella de carbono total de la UE (procedente de la producción, transporte, uso y eliminación de tales bienes y servicios) y supone el 15% del PIB de la UE.
Un reciente informe publicado por Carbone4 explora el impacto potencial de una propuesta de “Ley de Compra Europea y Sostenible”, que establecería criterios para las decisiones de compra de las autoridades públicas, priorizando los bienes regionales y su impacto medioambiental. Las conclusiones indican que si la Ley se hubiera aplicado en 2019, habría reducido la huella de carbono anual de la UE en 34 MtCO2e. En particular, la contratación pública de “servicios de alimentación y restauración” resultó ser el sector con mayor potencial para mitigar el cambio climático, en comparación con los demás sectores analizados (acero, aluminio, cemento, construcción, vehículos). De hecho, la reducción potencial de las emisiones de carbono asciende al 23% con respecto a las emisiones reales de 2019 a 2021.
Mitigación del cambio climático: Reducir las emisiones de CO2
Dependiendo de cómo se estructure y organice la contratación pública, su impacto puede ir mucho más allá de la mitigación del cambio climático, influyendo positivamente en toda una serie de ámbitos, desde los derechos de agricultores y trabajadores hasta la salud de los consumidores y la calidad de su dieta, pasando por el bienestar animal. Esto sucede cuando las ciudades establecen criterios adecuados en sus procesos de licitación pública que exigen una transparencia total a lo largo de toda la cadena de suministro e incluyen especificaciones sobre la calidad de los productos.
El potencial de la contratación pública para fomentar sistemas alimentarios más sanos, equitativos y sostenibles es el tema central de Buy Better Food (BBF), una coalición cada vez más grande de ONGs y autoridades locales que abogan por mejorar la normativa de la UE para garantizar dietas sanas y sostenibles en comedores públicos como escuelas, hospitales y residencias de ancianos.
En colaboración con la Coalición de Política Alimentaria de la UE, BBF elaboró un Manifiesto en el que se piden unos criterios mínimos obligatorios para los comedores públicos de toda la UE. Este conjunto de siete criterios, jurídicamente probados y conformes con la legislación de la UE, tiene como objetivo eliminar gradualmente las prácticas insostenibles de adquisición de alimentos e impulsar a las autoridades públicas a comprar alimentos más sanos, justos y sostenibles. Los criterios incluyen: 1) pleno cumplimiento de las directrices dietéticas nacionales; 2) un mínimo del 20% de alimentos ecológicos agroalimentarios; 3) al menos un 10% de alimentos procedentes de pequeños agricultores; 4) un objetivo de reducción del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero; 5) condiciones laborales dignas en toda la cadena de valor alimentaria; 6) un 10% de productos extracomunitarios etiquetados como comercio justo; 7) normas más estrictas de bienestar animal.
BBF también reconoce el papel crucial de los comedores públicos en la lucha contra la pobreza alimentaria, la malnutrición y la inseguridad alimentaria, especialmente entre los alumnos. Con este fin, lanzó una petición a favor de comedores escolares saludables y sostenibles, que ya ha cosechado más de 57.000 firmas.
Varias ciudades europeas demuestran la viabilidad y los beneficios de la compra pública sostenible de alimentos. Friburgo (Alemania) ofrece comidas escolares sanas con menos carne y más alimentos ecológicos. Copenhague (Dinamarca) ofrece un 90% de alimentos de producción ecológica en los comedores públicos sin costes adicionales. Vaxjo (Suecia) facilita la participación de los pequeños agricultores en su proceso de contratación. Gante (Bélgica) introdujo el llamado “Día Vegetariano de los jueves” en los comedores públicos, reduciendo las emisiones de CO2 de la ciudad en un 39%. Aquaviva delle Fonti (Italia) adquiere alimentos a pequeñas y medianas empresas que aplican prácticas laborales éticas. Oslo (Noruega) aumentó la proporción de plátanos de comercio justo del 3% al 50% y la de café del 9% al 13%. En Dordogne (Francia) se ha formado al personal de cocina para que utilice todas las partes del animal en sus platos.
