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La inversión de 27,5 millones en Ascó I y el debate sobre el papel de la nuclear en la transición energética española

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La central nuclear Ascó I completó su 31ª recarga de combustible con una inversión de 27,5 millones de euros y más de 11.000 órdenes de trabajo, justo cuando el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, reclamaba una planificación energética a veinte años y defendía la nuclear como tecnología de base para garantizar la estabilidad del suministro en un sistema eléctrico con creciente penetración renovable.

Horizonte de veinte años frente a decisiones a tres

Ruiz-Tagle realizó esta semana sus declaraciones ante el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), en una conversación con su decano, Carlos Puig de Travy. El mensaje central fue la incompatibilidad entre la complejidad de las decisiones de infraestructura energética y los ciclos cortos de planificación política: “No podemos vivir con decisiones a tres años vista, necesitamos pensar en horizontes de 20 años”.

La referencia directa era el calendario previsto de cierres de las centrales nucleares en España. Pero el argumento tiene una dimensión más amplia para la sostenibilidad empresarial: las decisiones de inversión industrial —localización de plantas, contratos de suministro energético, planificación de la cadena de valor— requieren señales estables sobre el mix eléctrico futuro. Sin esas señales, la descarbonización de la industria se encarece y se ralentiza.

La nuclear como garantía de suministro para la industria

Ruiz-Tagle defendió explícitamente la competitividad del mix energético español como argumento de atracción industrial: “Si una empresa tiene que instalar una nueva planta, la península ibérica estará entre sus primeras opciones”. La combinación de renovables maduras y generación base nuclear es, en su lectura, lo que hace atractiva a España frente a otros mercados europeos para las empresas que buscan descarbonizar su consumo eléctrico.

El directivo añadió una segunda palanca de competitividad: la fiscalidad. Mostró su preocupación por la carga fiscal aplicada a la electricidad y reclamó una simplificación del marco tributario para abaratar costes, atraer inversión y facilitar una transición energética más eficiente. Es un argumento que conecta directamente con la presión que enfrentan las empresas industriales intensivas en energía para cumplir sus objetivos de descarbonización sin deteriorar su competitividad de costes.

Lo que está en juego: la recarga de Ascó I como caso concreto

La 31ª recarga de Ascó I, gestionada por la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), ofrece una perspectiva concreta sobre el tipo de inversión que requiere mantener operativa una central nuclear. En un mes de parada, ANAV renovó 60 de los 157 elementos del núcleo del reactor, realizó la prueba decenal del sistema de rociado de la contención e incorporó 21 modificaciones de diseño físicas y siete de software informático para mantener los estándares de seguridad y fiabilidad.

La operación movilizó cerca de 1.000 trabajadores, más de la mitad residentes en el entorno de la central en la comarca tarraconina de la Ribera d’Ebre. Es una dimensión del impacto territorial que suele quedar fuera del debate sobre la nuclear centrado exclusivamente en la generación eléctrica.

El calendario que condiciona las decisiones empresariales

La próxima parada programada de ANAV será en noviembre, cuando Ascó II abordará su 30ª recarga. Más allá del calendario operativo, la pregunta que plantea el posicionamiento de Iberdrola es relevante para cualquier empresa con objetivos de descarbonización anclados en el consumo de electricidad: si la capacidad nuclear española se reduce según el calendario previsto, ¿qué tecnologías cubrirán la generación base que aporta sin emisiones directas, a qué coste y en qué plazo?

La respuesta a esa pregunta condicionará tanto la tarifa eléctrica como la disponibilidad real de energía limpia para la industria española en la próxima década, y con ella, la viabilidad económica de los compromisos de descarbonización que las empresas han adquirido frente a inversores, reguladores y clientes.


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