Tres grandes actores del sector del mueble y la distribución se adelantan a la obligación legal y constituyen una asociación para desarrollar un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor para muebles, colchones y enseres de gran tamaño. La Ley de residuos y suelos contaminados de 2022 hará obligatoria su implantación en los próximos meses.
De izq. a der.) Laura Ruiz de Galarreta, directora de relaciones institucionales y comunicación de Ikea; Maica Fernández, directora de la asesoría jurídica de Finsa; Francisco Nuñez, responsable de medioambiente de El Corte Inglés; Eva Mengs, directora de sostenibilidad de Ikea; y Luis Florencio Santa-María, director jurídico de El Corte Inglés.
La norma llega, el sistema aún no existe
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a los productores de bienes voluminosos muebles, colchones y enseres de gran tamaño a asumir la responsabilidad sobre la gestión de esos productos al final de su vida útil. El mecanismo previsto es el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), una figura ya consolidada en otras corrientes de residuos como los envases o los aparatos eléctricos. El problema es que, para los voluminosos, ese sistema todavía no existe en España.
El Corte Inglés, Ikea Ibérica y Finsa han constituido una asociación para construirlo. El acuerdo no cierra el sistema: lo abre. Durante los próximos meses, las tres compañías trabajarán en el modelo jurídico, financiero y operativo del futuro SCRAP y buscarán incorporar a otros productores y distribuidores del sector.
Por qué estos tres actores
La composición del trío fundador no es casual. El Corte Inglés y Ikea son dos de los mayores distribuidores de muebles y equipamiento del hogar en España, con una presencia territorial que cubre prácticamente todo el país. Finsa aporta la capacidad industrial: su división de recuperación y reciclado, Evolta, gestiona ya flujos de madera y materiales procedentes del sector del mueble.
Juan Carlos Moure, director de Evolta, señaló que el nuevo SCRAP facilitará la segregación y la recogida selectiva para que la madera regrese a la cadena de valor del mueble. Francisco Núñez, responsable de medioambiente de El Corte Inglés, subrayó que la economía circular y la valorización de residuos forman parte de la estrategia medioambiental de la compañía y que un sistema colectivo permite avanzar hacia una gestión más trazable. Eva Mengs, directora de sostenibilidad de Ikea Ibérica, apuntó que el objetivo es co-crear un SCRAP operativo desde su puesta en marcha, con capacidad para ampliarse a medida que se incorporen más empresas.
Qué tiene que resolver el sistema
Los residuos voluminosos representan una de las corrientes más complejas de gestionar en el ámbito urbano. Su tamaño dificulta la recogida selectiva, su composición —madera, espumas, tejidos, metales, muelles— complica el tratamiento y su volumen de generación crece en paralelo al consumo de muebles y productos del hogar. Hasta ahora, una parte significativa de estos residuos acaba en puntos limpios o, en el peor de los casos, en vertidos ilegales.
El SCRAP que impulsan las tres compañías deberá definir cómo se organiza la recogida, quién la financia, cómo se distribuyen los costes entre los productores adheridos y qué tratamiento reciben los materiales recuperados. Es un modelo que en otras corrientes de residuos ha tardado años en estabilizarse.
Una obligación que se acerca
El calendario aprieta. La Ley 7/2022 establece la obligación, pero su desarrollo reglamentario para los voluminosos está pendiente de concreción. Que tres empresas de este tamaño se adelanten a la norma y constituyan formalmente una asociación envía una señal al resto del sector: quien no se incorpore a un SCRAP antes de que llegue la obligación legal tendrá menos capacidad de influir en cómo se diseña el sistema.
La incorporación de más productores y distribuidores será determinante para que el modelo sea financieramente viable y tenga el alcance territorial necesario. Un SCRAP con pocos adherentes traslada una carga desproporcionada a quienes sí participan y genera distorsiones competitivas que la propia ley busca evitar.
