Prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz durante solo tres años supondría un coste de 3.831 millones de euros para los consumidores. Además, provocaría pérdidas de inversión en renovables de hasta 26.129 millones de euros hasta 2033. Así lo refleja el informe “Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz”, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya, y encargado por Greenpeace.
El estudio concluye que el cierre programado de Almaraz es técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que cualquier prórroga.
Tres escenarios para evaluar el impacto económico y energético
El análisis comparó tres escenarios:
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Cierre: Se cumple el calendario de cierre actualmente acordado.
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Prórroga: La central permanecería abierta hasta 2030, sin más extensiones.
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Prórroga + Desaceleración Renovable: Se asume que la prórroga podría prolongarse aún más y que otros reactores seguirían la misma estrategia.
Los investigadores, Dr. Eloy Sanz Pérez (Universidad Rey Juan Carlos) y Víctor García Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya), analizaron los efectos sobre la electricidad, la inversión en renovables y las emisiones de CO₂.
La prórroga no abarata la electricidad a medio plazo
El informe demuestra que mantener la central abierta no reduce el coste de la electricidad. Por el contrario, desincentiva la inversión en renovables y aumenta la dependencia del gas, la tecnología que determina los precios mayoristas.
“El ahorro inicial en precio y emisiones de una prórroga se convierte en un sobrecoste estructural a medio plazo”, señala Sanz Pérez.
A partir de 2031, los escenarios con prórroga resultan más caros que el cumplimiento del calendario de cierre. El sobrecoste acumulado llegaría a 3.831 millones de euros y las pérdidas de inversión en renovables ascenderían a 26.129 millones de euros hasta 2033.
El cierre de Almaraz garantiza suministro y seguridad
El 96,4% de la electricidad generada por Almaraz se puede reemplazar inmediatamente con energía renovable tras su cierre. Esto asegura la estabilidad del sistema eléctrico sin aumentar el uso de gas ni las emisiones.
En términos de emisiones, la prórroga genera entre 5,8 y 12,3 MtCO₂eq adicionales respecto al escenario de cierre, con un coste adicional en derechos de emisión de hasta 984 millones de euros, que repercute directamente en el precio de la electricidad.
Beneficio empresarial vs. interés ciudadano
El informe también analiza la motivación de las compañías eléctricas al solicitar la prórroga. Según los investigadores, la decisión responde a criterios empresariales, motivados por la previsión de un incremento del 30% en el precio del gas.
“La prórroga frenaría la transición energética y se haría a costa del bolsillo de los usuarios. Cumplir el calendario de cierre es la vía más coherente para alcanzar la descarbonización”, afirma Francisco del Pozo, responsable de Energía de Greenpeace.”
Presentación y debate del informe
La presentación tuvo lugar en el salón de actos de la URJC, con la participación de:
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Eloy Sanz Pérez, autor principal
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Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal
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Héctor De Lama, director técnico de UNEF
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Marcial González, doctor en Ingeniería Eléctrica y divulgador
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Natalia Fabra, catedrática de Economía del CEMFI
Se abordaron las implicaciones económicas, ambientales y energéticas de la prórroga y el cierre de Almaraz en una mesa redonda de expertos.
