La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anuncia la resolución provisional de seis líneas de ayuda del PRTR. Los puertos de Gijón, Las Palmas, Tarragona, Castellón, A Coruña y Ferrol-San Cibrao recibirán 212 millones para convertirse en bases logísticas de la eólica marina. El almacenamiento por bombeo y la cadena de valor industrial suman otros 330 millones.
Seis puertos, 212 millones y una apuesta por la industria marina
El grueso de la asignación va al programa PORT-EOLMAR, que destina 212 millones a cinco agrupaciones portuarias para reforzar su capacidad logística y su cadena de valor en fabricación y montaje de aerogeneradores marinos. Los beneficiarios propuestos son los puertos de Gijón, Las Palmas, Tarragona, Castellón y la agrupación A Coruña-Ferrol-San Cibrao.
La condición de acceso es exigente: cada puerto debe presentar un proyecto industrial vinculado a la cadena de valor de las renovables marinas, con una inversión privada comparable o superior a la ayuda pública y un horizonte temporal mínimo de diez años. Las instalaciones deberán cumplir requisitos específicos de longitud de línea de atraque, calado en muelle y superficie de explanada para operar con aerogeneradores de gran tamaño, plataformas flotantes y fijas, y la maquinaria logística necesaria en todas las fases del ciclo de vida de un parque eólico marino.
El objetivo declarado es que estos puertos funcionen como infraestructura de base durante la construcción, montaje, puesta en marcha, reparación y mantenimiento de los futuros parques eólicos marinos españoles, con capacidad de exportación de servicios a otros mercados europeos.
Bombeo reversible: 165 millones para siete proyectos en cinco comunidades
La segunda convocatoria del programa BORALMAC amplía su dotación en 75 millones respecto a la previsión inicial, hasta alcanzar los 165 millones, en respuesta al volumen de solicitudes recibidas. Los siete proyectos beneficiados se distribuyen entre Galicia (2), Asturias (2), Andalucía (1), Extremadura (1) y Cataluña (1).
La primera convocatoria de BORALMAC, dotada con 100 millones, ya adjudicó ayudas a cuatro proyectos con más de 2 GW de nueva potencia de almacenamiento hidráulico. La segunda convocatoria consolida el almacenamiento por bombeo reversible como línea de inversión prioritaria dentro del PRTR, en un momento en que la integración de renovables en el sistema eléctrico exige una capacidad de almacenamiento creciente para gestionar la intermitencia.
Cadena de valor industrial: 165 millones en 12 comunidades autónomas
La segunda convocatoria del programa de cadena de valor renovable distribuye 165 millones entre 41 proyectos en 12 comunidades autónomas. El País Vasco concentra 17 de los proyectos, lo que lo sitúa como principal receptor territorial de esta línea.
Por tecnología, las baterías y el almacenamiento de energía lideran con 11 proyectos, seguidos de tecnologías vinculadas a la red eléctrica (10), eólica y renovables marinas (7), hidrógeno (5) y solar (4). El proyecto individual más relevante es una planta de baterías y almacenamiento en Navarra, con una ayuda de 81 millones, que representa casi la mitad del presupuesto total de esta convocatoria.
Movilidad eléctrica: más de 3.000 puntos de recarga en corredores y flotas
Las líneas de movilidad suman algo más de 105 millones. El programa Moves Corredores propone 97 millones para 337 proyectos que instalarán 2.880 puntos de recarga en las principales vías de comunicación del país. Moves Flotas Plus destina casi 8 millones a 20 empresas para la adquisición de más de 3.700 vehículos eléctricos y la instalación de cerca de 300 puntos de recarga.
La línea Renocogen completa el paquete con 21 millones para 12 proyectos de producción de electricidad y calor renovables en sustitución de combustibles fósiles, distribuidos en nueve comunidades autónomas.
Todas las líneas están gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Las resoluciones provisionales estarán disponibles en la web del organismo durante esta semana, abriéndose el periodo de alegaciones antes de la resolución definitiva.
