Ibon Salbidegoitia, Director de I+D de BigDa Solutions
La Unión Europea (UE) es la tercera potencia que más contamina a nivel mundial, al representar en torno al 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. No sorprende, por tanto, que la transición energética sea un pilar fundamental en su agenda política. Propuestas legislativas como el conocido Pacto Verde ponen en marcha desde hace más de diez años iniciativas como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RDCE UE) que transforma el consumo energético industrial.
Este sistema establece un límite de contaminantes por zonas para reducir así la emisión de gases de efecto invernadero de las empresas limítrofes dentro del área. El RDCE UE sirve principalmente como mecanismo de control para aquellas industrias que requieren un mayor consumo energético, las cuales representan el 45% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).
Este Régimen nació en 2005 y además de establecer los parámetros de emisión para diversos sectores industriales, permite que las empresas puedan comerciar con los derechos de emisión dentro de su zona. Esto se traduce en que, a cada empresa se le asignan una cantidad de derechos de emisión que debe cumplimentar y notificar a las autoridades. Si las emisiones a final de año superan el límite asignado, dicha instalación deberá comprar derechos de emisión a otros. Mientras que, si una compañía ha tenido un buen rendimiento en la reducción de sus emisiones, podrá vender sus créditos sobrantes a aquellas que los necesiten para el balance entre los derechos asignados y los verificados cada año.
Con este sistema se busca incentivar a las empresas con mayores consumos de CO2 a realizar una mejora continua en su eficiencia energética a través de la puesta en marcha de diversas medidas complementarias como las estipuladas por la ISO 50.001. El objetivo principal es lograr la neutralidad de carbono dentro de la UE y reducir la dependencia energética de la región. El RDCE UE permite, por un lado, rentabilizar los costes e inversiones realizadas para mejorar el rendimiento energético de la industria, mientras que, por otro, penaliza a aquellas instalaciones que no están alineadas con los objetivos y límites de este régimen.
El precio por emisión del CO2 una fluctuación al alza
Desde 2021, el precio de los derechos de emisión se ha disparado, alcanzando en promedio los 80.87 € por tonelada de CO2 durante 2022. Una cifra que, como los gráficos apuntaban, ha fluctuado con fuerza al alza estos años hasta arrancar en 2023 en torno a los 80 €/tCO2. Se espera que estas fluctuaciones continúen, no solo por la situación energética convulsa de Europa, sino también, porque cada vez medidas más estrictas sobre los derechos de emisión repercutirán en su precio (como aumentar la reducción de las asignaciones del 2,2% al 4,3% y 4,4% a partir del 2024 y 2028 respectivamente).
Los altos precios asociados a la emisión de CO2 en cierta medida obligan a las industrias de la UE a asegurarse de no exceder los límites de emisiones con el fin de mantener su competitividad y reducir costes asociados al consumo energético. Además, esta situación supone también una palanca para avanzar hacia una Europa con una dependencia energética reducida —un factor crucial para mantener una economía resiliente ante la incertidumbre geopolítica global.
Una clara reducción de los límites de emisión permitidos
En comparación a 2005, los límites propuestos para 2020 representan una reducción del 21% de los gases de efecto invernadero. Este objetivo se alcanzó en 2014, ya que las emisiones se redujeron a 1.812 millones de toneladas de CO2 seis años antes de la fecha establecida.
El RDCE UE se ha ido implantando en diferentes fases, y actualmente nos encontramos en la cuarta etapa que va desde enero de 2021, hasta diciembre de 2030. Este periodo pone de relieve las reducciones de emisiones que deben alcanzarse, que varían desde el 43% inicialmente propuesto a las nuevas actualizaciones aprobadas el pasado mes de diciembre del 62%.
Independientemente de la cifra final, la conclusión es que Europa apuesta por seguir una línea muy clara de emisiones cero en un futuro no muy lejano. Los derechos de emisión suponen así un pilar fundamental en la transición energética de España y Europa al incentivar a la industria a establecer mejoras constantes en su eficiencia energética.
