El 47% de los residuos españoles termina en vertedero mientras la UE exigía un máximo del 40% para 2025. La asociación sectorial AEVERSU advierte de que la brecha con los estándares europeos no se cierra sino que se amplía, y alerta del riesgo de sanciones si España no acelera sus infraestructuras de tratamiento antes de 2030.
Los números del retraso
España se sitúa en torno al 44% de recuperación y reciclaje de residuos, mientras el 47% sigue terminando en vertederos. Los objetivos europeos para 2025 establecían un mínimo del 55% de reutilización y reciclaje y un máximo del 40% de vertido. España no cumple ninguno de los dos.
El incumplimiento no es nuevo, pero la tendencia preocupa especialmente porque la distancia respecto a los estándares europeos no se reduce. Según Joaquín Pérez Viota, presidente de la Asociación de Empresas de Valorización y Tratamiento de Residuos Urbanos (AEVERSU), otros países avanzan más rápido en modernización de infraestructuras y valorización energética mientras España mantiene un ritmo insuficiente. El dato más revelador de esa asimetría: el volumen de residuos enviados a vertedero en España representa aproximadamente el 20% del total europeo, lo que convierte al país en el mayor depositario de residuos en vertederos de la UE.
Las metas que se acercan agravan el diagnóstico. Para 2030, la UE exigirá un 65% de reciclaje y para 2035 limitará el vertedero al 10% de los residuos generados. Alcanzar esos niveles desde la posición actual de España requeriría una transformación estructural del sistema que hasta ahora no se ha producido.
La recogida selectiva, el cuello de botella
AEVERSU identifica el retraso en la implantación de la recogida selectiva de residuos orgánicos como uno de los principales frenos del sistema. Sin una separación adecuada desde el origen, las tasas de reciclaje no pueden mejorar de forma significativa, y los materiales que podrían valorizarse o reciclarse acaban mezclados en flujos que solo admiten tratamiento final en vertedero o incineración.
La transposición y aplicación efectiva de la normativa europea sobre recogida separada de biorresiduos —obligatoria en la UE desde 2024— sigue siendo desigual en España, con diferencias notables entre comunidades autónomas y municipios según su tamaño y capacidad de gestión.
Valorización energética y EU-ETS: el debate regulatorio que se acerca
La Unión Europea estudia incluir las plantas de valorización energética de residuos en el sistema europeo de comercio de emisiones (EU-ETS) a partir de 2028, lo que supondría un incremento significativo de los costes operativos de estas instalaciones. AEVERSU defiende que la valorización energética —transformación de residuos no reciclables en electricidad, calor o combustible— es un eslabón necesario de la economía circular, especialmente en un país con infraestructura de reciclaje insuficiente para absorber todos los flujos de residuos.
La asociación advierte de que España dispone de una capacidad de valorización energética claramente inferior a la de países como Alemania, Francia o los Países Bajos, lo que hace más grave la dependencia del vertedero. Incluir estas plantas en el EU-ETS sin haber desarrollado antes la infraestructura alternativa podría agravar el problema en lugar de resolverlo.
La posición del sector ante Bruselas es la de pedir que las exigencias regulatorias tengan en cuenta las diferencias de punto de partida entre países y permitan una transición progresiva hacia los nuevos estándares. El riesgo concreto que señala AEVERSU es el de expedientes sancionadores por incumplimiento de objetivos, cuyas multas podrían ser millonarias si España no acelera de forma visible su convergencia con los estándares europeos antes de 2030.
