El Ministerio para la Transición Ecológica abre a audiencia pública el borrador de decreto que regulará los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración y obliga a municipios de más de 45.000 habitantes a elaborar planes locales. En paralelo, asigna provisionalmente 50 millones del PRTR a 37 redes de calor y frío renovables con una potencia conjunta de 304,5 MW, ligadas a una inversión total de 271,4 millones.
Un decreto que fija la hoja de ruta hasta 2050
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado el segundo trámite de audiencia del Proyecto de real decreto que regulará los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración (SUCYR) en España, transponiendo elementos de las directivas europeas de eficiencia energética —Directiva 2023/1791— y de energías renovables —Directiva 2023/2413—.
El futuro decreto establece una senda de descarbonización progresiva para estos sistemas. Todo nuevo SUCYR deberá ser eficiente desde el momento de su diseño, y los existentes con más de 5 MW tendrán que reconvertirse. La norma define como eficiente un sistema en función de su mix de renovables, calor residual y cogeneración de alta eficiencia, con exigencias crecientes a partir del 1 de enero de 2028 y un objetivo de 100% de renovables y calor residual en 2050.
Calor residual: una obligación para industria y centros de datos
Una de las novedades más relevantes del borrador es la obligación de poner el calor residual a disposición del entorno. Quedan sujetas a esta exigencia las instalaciones industriales con más de 8 MW, las plantas de tratamiento de aguas residuales y los centros de procesamiento de datos con más de 1 MW, desde el momento en que se proyecten o renueven de forma sustancial.
Las instalaciones que puedan aprovechar ese calor residual deberán evaluar su viabilidad mediante un estudio de coste-beneficio, con una metodología que definirá una orden ministerial posterior. Para facilitar la conexión entre generadores y consumidores de calor residual, el MITECO elaborará una base de datos de instalaciones emisoras y diseñará una evaluación completa del sistema de calefacción y refrigeración del país, más detallada que el actual Mapa de calor.
El decreto también prevé un sistema de Garantías de Origen para la energía térmica y la coordinación con comunidades autónomas y entidades locales mediante una hoja de ruta con medidas e indicadores de seguimiento.
Planes locales obligatorios para municipios de más de 45.000 habitantes
Todos los municipios mayores de 45.000 habitantes deberán elaborar planes locales de calefacción y refrigeración conforme al contenido de una futura orden ministerial. El MITECO coordinará estos planes y proporcionará guías, asistencia técnica y mecanismos financieros para facilitar su diseño. Es una obligación que afecta a decenas de ciudades españolas y que exigirá capacidad técnica y presupuestaria en administraciones locales que hasta ahora no han tenido que planificar estos sistemas de forma sistemática.
Las alegaciones al borrador pueden presentarse hasta el 17 de junio.
50 millones y 304,5 MW en la segunda convocatoria RENORED
En paralelo a la regulación, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicado la resolución provisional de la segunda convocatoria del programa RENORED, que asigna 50 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a 37 proyectos de redes de calor y frío con energías renovables, con una potencia conjunta de 304,5 MW y una inversión total asociada de 271,4 millones.
Los proyectos incluyen 18 nuevas centrales de generación con sus redes de distribución y 19 ampliaciones o sustituciones de infraestructuras existentes. La biomasa lidera la potencia instalada con 151 MW, seguida de bombas de calor, aerotermia, hidrotermia y geotermia.
Castilla y León encabeza la distribución territorial con 10 expedientes y 98,4 MW, seguida de Cataluña (8 expedientes, 38,3 MW) y Madrid (5 expedientes, 54,9 MW). Los proyectos con mayor ayuda propuesta se ubican en Toledo y Ourense —4 millones cada uno— y Móstoles (Madrid), con 3,8 millones.
La combinación de ambas iniciativas —regulación y financiación— dibuja el marco en el que España deberá desarrollar sus redes de calor urbanas en los próximos años, un sector que en otros países europeos como Dinamarca, Finlandia o Alemania representa una parte significativa del suministro energético a edificios y que en España está aún en una fase inicial de despliegue.
