Un bloque de siete Estados miembros —España, Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia— ha remitido un documento formal a la Comisión Europea para oponerse a cualquier debilitamiento de las exigencias actuales de reducción de CO₂ en turismos y furgonetas. El texto defiende la electrificación como herramienta de seguridad energética y advierte de que los híbridos enchufables emiten en condiciones reales hasta 3,5 veces más CO₂ que en los ensayos de homologación.
Una coalición frente a la presión de los fabricantes
El debate sobre la viabilidad de los calendarios de descarbonización del automóvil en la UE se ha intensificado en los últimos meses, impulsado por las presiones de algunos fabricantes que reclaman más flexibilidad regulatoria ante las dificultades de transición hacia el vehículo eléctrico. Frente a ese movimiento, los siete países firmantes han optado por la vía contraria: formalizar su posición en un documento enviado a Bruselas que defiende mantener una senda regulatoria clara y previsible hacia la electrificación total del transporte.
El argumento central no es solo ambiental. Los gobiernos firmantes vinculan la electrificación del parque automovilístico a la seguridad energética europea en un contexto de inestabilidad geopolítica y volatilidad en los precios de los combustibles fósiles. Desde esa perspectiva, debilitar el marco legal vigente no sería solo una concesión a la industria, sino un error estratégico que comprometería la autonomía energética del continente.
Los híbridos enchufables bajo sospecha
Uno de los argumentos más concretos del documento apunta directamente a los vehículos híbridos enchufables (PHEV). Citando datos de la propia Comisión Europea, los firmantes recuerdan que estos vehículos emiten en condiciones reales de uso hasta 3,5 veces más CO₂ que lo registrado en los ensayos oficiales de homologación en laboratorio. La brecha entre las emisiones certificadas y las reales es, según el bloque, un argumento contra cualquier intento de presentar los PHEV como solución equivalente al vehículo eléctrico puro en el marco normativo.
E-fuels para aviación y marítimo, no para turismos
El documento también toma posición en el debate sobre los combustibles renovables y sintéticos, los denominados e-fuels. Los siete países muestran serias reservas ante la posibilidad de asignarles un papel relevante dentro de la normativa de emisiones para turismos, por tres razones: podría diluir los esfuerzos invertidos en el vehículo eléctrico a batería, generar nuevas dependencias externas de materias primas y, sobre todo, desviar recursos críticos de sectores donde los ecocombustibles son estrictamente necesarios por su dificultad de electrificación, como la aviación y el transporte marítimo.
Es una distinción de política industrial relevante: los e-fuels no se rechazan como tecnología, sino como solución para el automóvil de pasajeros en un momento en que otras industrias los necesitan de forma prioritaria.
Recarga, ayudas y mercado de ocasión: las condiciones para que funcione
El bloque no limita su posición a defender la norma vigente. El documento también identifica las condiciones necesarias para que la transición hacia el vehículo eléctrico sea viable en la práctica: despliegue masivo y coordinado de la red de recarga pública, ayudas directas a la demanda para equiparar los costes de adquisición con los de los vehículos de combustión, y medidas específicas para facilitar el acceso de hogares y empresas al vehículo eléctrico a través del mercado de segunda mano.
Cadena de valor europea frente a la competencia asiática
La última sección del documento aborda la dimensión industrial. Los siete países defienden que la UE debe reforzar el apoyo institucional y financiero a toda la cadena de valor del vehículo eléctrico en suelo europeo, con especial atención a sectores auxiliares críticos como el del acero verde. El objetivo declarado es construir una industria capaz de competir con el empuje de potencias como China sin depender de sus cadenas de suministro.
La posición conjunta de estos siete países refuerza la coalición favorable al calendario de descarbonización del automóvil en un momento en que la revisión de la normativa de CO₂ para vehículos ligeros está sobre la mesa en Bruselas. Su peso político combinado —que incluye a Francia y España, dos de las mayores economías industriales del continente— dificulta cualquier flexibilización unilateral de los objetivos sin un debate más amplio en el Consejo.
