Si bien podemos afirmar que el océano no suele ganar sus batallas, el pasado 5 de febrero se le pudo arrebatar una a los nefastos grupos de presión de la UE. Ese día, la Comisión del Atún del Océano Índico adoptó por primera vez una prohibición de 72 días que afecta a los sofisticadísimos objetos conectados que las flotas pesqueras industriales francesa y española despliegan a gran escala en el océano Índico para agrupar y capturar atunes tropicales. Estas balsas flotantes, conocidas como «dispositivos agregadores de peces» o «DAP», son responsables de la captura de un gran número de alevines de atún claro y patudo (considerados sobreexplotados), así como de muchas otras especies marinas amenazadas como tortugas y tiburones. Si bien este tipo de medida existe en otras partes del mundo por razones de conservación de la pesca, la Unión Europea amenaza ahora con tumbar este primer paso. Se trata de una medida absolutamente vital para la recuperación de la salud del océano Índico, cuyas aguas ya están sometidas a una presión implacable por parte de atuneros industriales de varios países, principalmente de Francia y España.
De este modo, con el objetivo de defender los intereses económicos de las dos únicas naciones europeas que pescan atún —Francia y España—, la Comisión Europea emitirá su veredicto de unos días. Con él, dejará claro si se opone o no a este mísero e indispensable avance hacia la protección de las sobreexplotadas poblaciones de atún y de los ecosistemas marinos, afectados por la pesca industrial no selectiva e insostenible.
Tanto frente a las costas del África Occidental como en el océano Índico, 50 buques franceses y españoles de más de 80 metros de eslora se dedican a la pesca del atún.
Una objeción de la UE supondría la renuncia a la democracia
Según las normas de la Comisión del Atún del Océano Índico, el Estado objetor de una medida no tiene por qué aplicarla a sus propias flotas. En otras palabras, la prohibición de los DAP quedaría en papel mojado en caso de que la UE se opusiera, ya que estas balsas destructoras de la biodiversidad las utilizan mayoritariamente los barcos europeos. El hecho de que la Comisión Europea se plantee utilizar el procedimiento de objeción pone de manifiesto su falta de respeto por los procesos democráticos en la gestión de la pesca. La prohibición de los DAP se adoptó el domingo 5 de febrero por parte de 16 de los 23 países presentes en la reunión de la CAOI en Mombasa (Kenia).
«El procedimiento de objeción por parte de la Comisión Europea debe validarlo el Consejo de los Estados miembros de la UE. En caso de obtener luz verde, esto supondría la adopción de una postura neocolonial y antidemocrática extremadamente descarnada hacia los países del Sur», explica Frédéric Le Manach, director científico de BLOOM. «Además de oponerse frontalmente a los objetivos medioambientales de la UE, una decisión así dañaría profundamente las relaciones Norte-Sur. Nos costaría creer que la UE fuera capaz de asumir de una manera tan descarada sus vinculaciones tóxicas con la industria pesquera, tan destructiva para el medioambiente».
120 días para oponerse a la protección del medioambiente
A partir de la adopción de la resolución por la Comisión del Atún para el Océano Índico, la Unión Europea dispone de 120 días para presentar una objeción. Marco Valletta, jefe de la delegación europea, dio a conocer durante su última intervención el 5 de febrero en Mombasa la posibilidad de una objeción. Por su parte, Emmanuel Berck , en representación de la Comisión Europea, así lo confirmó al responder a una pregunta formulada el 6 de febrero de 2023 por la eurodiputada Caroline Roose . Esta misma eurodiputada firmó, junto con otros cuatro eurodiputados del grupo de los Verdes/ALE (Rosa d’Amato, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan y Marie Toussaint) una carta de interpelación que aún no ha recibido respuesta.
La UE debe respaldar una prohibición permanente de todos los DAP a la deriva
En una carta enviada el lunes 20 de febrero al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, BLOOM le pide formalmente a la Comisión no solo que retire su objeción, sino que a partir de este momento respalde la única medida que tiene sentido a largo plazo: la prohibición total y definitiva de los DAP a la deriva. Esta fue también la petición de muchas partes interesadas, como India, que había presentado una propuesta de este tipo en el marco de las negociaciones de la CAOI a principios de febrero , y los pescadores artesanales de Reunión y Seychelles, que la reclaman con ahínco .
Recordarle a la UE su deber y explorar los vínculos con los grupos de presión
Uno de los objetivos fundamentales de la Política Pesquera Común (PPC) es que las actividades pesqueras «sean sostenibles a largo plazo desde el punto de vista medioambiental». Así pues, resulta oportuno recordarles a las instituciones europeas que los objetivos de la PPC se aplican a las flotas europeas en cualquier lugar del mundo en el que faenen y, por tanto, indudablemente también en el océano Índico. Al defender únicamente los intereses de los industriales que llevan a cabo prácticas destructivas para el medioambiente, parece que la Comisión ha dejado de lado su misión de defender el interés general.
Con el fin de aclarar la frecuencia y la naturaleza de los vínculos entre las instituciones y los grupos de presión, BLOOM acaba de solicitar la comunicación de todos los intercambios que hayan podido tener lugar entre los trabajadores de la Comisión Europea y los grupos de presión. Entre los primeros, se investigará a todos aquellos implicadas en la CAOI, los acuerdos de pesca y la gestión de la pesca del atún tropical en general, independientemente de su cargo. Entre los segundos, se examinará a los grupos de presión Orthongel, Cepesca, Opagac, Anabac, Europêche y UAPF, así como a todos los miembros de estas estructuras, como CFTO, Sapmer, Albacora, Echebastar, etc…
La ciudadanía tiene derecho a saber a qué obedecen las posiciones de sus instituciones que resultan tan perjudiciales para el futuro del océano, la vida marina y el clima.
