El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que tiene como metas fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos de la pesca, procurar que la actividad favorezca la creación de empleo, genere riqueza y mantenga la cohesión social de las zonas costeras, y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia.
La aprobación de esta nueva normativa se sustenta en la necesidad de actualizar la Ley de Pesca Marítima del Estado, promulgada en 2001, ya que, según ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han producido novedades en la legislación comunitaria y en la gobernanza internacional de los océanos.
Las perspectivas de la pesca sostenible
La ley está marcada el principio de sostenibilidad, en una triple perspectiva: medioambiental, social y económica. Esta reforma se produce en el contexto propiciado por el Pacto Verde Europeo, y busca garantizar un equilibrio entre la conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera con rentabilidad, atractiva para el desarrollo empresarial y el relevo generacional, y que afiance un sector moderno y competitivo.
La pesca, como única actividad económica que se realiza en el mar, depende del buen estado de conservación de los océanos, pero los recursos pesqueros son limitados. Por ello se precisan estrategias que aseguren una gestión eficiente y sostenible.
La legislación introduce la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la normativa del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos usados, del peso o talla de las especies, o la fijación de vedas.
Medidas preventivas
Además, se potencian las medidas de defensa y regeneración de los recursos pesqueros como la declaración de zonas de especial protección o la introducción de medidas preventivas de actividades susceptibles de perjudicar las especies marinas y sus hábitats.
En cuanto a gestión pesquera, la ley propone un uso más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Por eso, clarifica los requisitos para poder desarrollar la actividad y redefine el Registro General de la Flota Pesquera, haciéndolo más completo, sencillo y eficaz. Para que puedan ser asignadas posibilidades de pesca, los buques estarán inscritos en el registro general de la flota pesquera, dispondrán de licencia y estarán adscritos a uno o varios censos y modalidades concretos.
Además, se actualizan los criterios de reparto de posibilidades de pesca como mecanismo que racionaliza y ordena la explotación de los recursos pesqueros y garantiza la máxima seguridad jurídica a los operadores. En los criterios de asignación de posibilidades de pesca se tendrán en cuenta los que originen un menor impacto sobre los recursos o los que contribuyan en mayor medida a la economía local.
Ciencia
La ley actualiza los mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques, con el propósito de favorecer la planificación empresarial y optimizar el uso de las cuotas y días de esfuerzo asignados a España. También establece sistemas de gestión que permitan una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Cuando estas no hayan sido usadas en un determinado período de tiempo, la Administración podrá redistribuirlas entre los demás usuarios.
La ley quiere que se fortalezca el nexo entre la pesca y la ciencia. Para ello, tiene que garantizarse un enfoque ecosistémico que contemple todas las interacciones que se producen en el medio marino. Además de cuestiones ecológicas, la investigación deberá incluir aspectos sociales y económicos.
La ley aborda por primera vez la gestión de los recursos genéticos pesqueros y de los nuevos usos derivados del progreso de la ciencia y la tecnología. Entre las novedades figura la creación de un Foro Asesor de Pesca, donde van a participar las autoridades pesqueras, los agentes del sector y de la sociedad civil.
Mayor protección
La futura ley también incluye medidas que otorgan mayor protección ante la jubilación de algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, cuyas profesiones son especialmente penosas y suponen un gran desgaste. Por ejemplo, rederas, neskatillas y empacadoras tendrán un coeficiente reductor de la edad mínima para percibir la pensión de jubilación del 0,15.
Estas ocupaciones son sobre todo ejercidas por mujeres. También tendrán esa consideración las mariscadoras de a pie y los buceadores profesionales. La reducción de coeficientes puede beneficiar a unas 5.300 personas.
