El Senado ha aprobado el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que actualiza la normativa de 2011. La normativa contó con el apoyo de PSOE, CS y los grupos vascos.
Entre las claves de la nueva legislación figuran la devolución de los envases vacíos en las tiendas tras haber consumido el producto como alternativa al contenedor amarillo, la obligación de los comerciantes de incluir información sobre cómo arreglar los productos ofertados y el ofrecimiento de agua no envasada y gratuita.
Las claves de la Ley de Residuos
La ley realiza las transposiciones de las directivas europeas 2008/98/CE y 2019/904, establece calendarios de recogida selectiva de biorresiduos (30 de junio de 2022 para las localidades de más de 5.000 habitantes y 2024 en el resto) y de residuos textiles (antes de 2025) y fija nuevos objetivos de reducción de desechos urbanos: la generación deberá haberse reducido un 15% en 2030 respecto a 2010.
La norma prohíbe que se comercialicen productos de plástico de un solo uso, como vasos, platos y cubiertos desechables, bastoncillos, palos para sujetar globos y pajitas elaboradas con este material. La prohibición se extiende a contenedores alimenticios y recipientes de poliestireno expandido.
Con la aprobación del proyecto, la Ley de Residuos hace posible un nuevo modelo de recogida de envases de plástico inspirado en la costumbre de devolver en los comercios los recipientes vacíos después de la consumición del contenido, a cambio de unos céntimos dejados como depósito cuando se compra el producto.
SDDR
Este proceso es conocido como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), y está en vigor en otros países europeos como Dinamarca o Alemania. Podrá imponerse en todo el territorio nacional.
Para conseguir los propósitos de reducción de plásticos, se dictan obligaciones a los establecimientos de hostelería y restauración, que tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumir agua no envasada y gratuita.
A partir del 1 de enero del próximo año, los comercios minoristas de 400 metros cuadrados o más tendrán la obligación de destinar al menos un 20% de su zona de ventas a productos en oferta que no lleven embalaje primario.
El texto también contempla la posibilidad de prohibir la liberación de globos de plástico de manera intencionada en las playas y de multar a quienes fumen en estos espacios, si los ayuntamientos así lo deciden en sus ordenanzas.
Impuestos
Se crean además dos impuestos: uno sobre vertido e incineración, que costará entre 1,5 euros y 40 euros por cada tonelada métrica, y otro sobre envases de plástico no reutilizables, que tendrían que asumir los productores y con el que se gravarían estos productos con 0,45 euros por kilo de plástico.
El Proyecto de Ley de Residuos regula el “derecho a reparar”. Para ello obliga a comerciantes y plataformas de comercio electrónico a facilitar información sobre cómo arreglar los artículos ofertados en caso de que se estropeen.
Los residuos “susceptibles de ser preparados para reutilización o reciclados” no podrán ser destinados a la incineración, aunque ese proceso se aproveche para generar energía.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán que presentar un censo del amianto existente en infraestructuras públicas y también un calendario sobre su retirada, que deberá estar gestionada como mucho en 2028.
