España deberá renovar y ampliar su flota de autobuses urbanos, metropolitanos y metro con una inversión anual de 3.300 millones de euros hasta 2030, según la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC). La cifra combina el crecimiento de demanda previsto por el PNIEC con la obligación de electrificar el 65% de las compras de vehículos antes de esa fecha.
16.466 vehículos nuevos en seis años
ATUC cifra la nueva flota necesaria en 7.670 autobuses urbanos, 3.835 metropolitanos y 4.961 coches de metro o ferrocarril. Esa estimación parte de dos presiones simultáneas: el crecimiento de demanda previsto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) un 36% más de usuarios de autobús y un 50% más de viajeros de metro y la transición a propulsión eléctrica que impone la normativa europea.
El PNIEC establece como objetivo trasladar al transporte público el 35% de los desplazamientos que hoy se realizan en vehículo privado. Si ese trasvase se materializa, el sistema actual necesitará más capacidad, más frecuencia y más vehículos para absorberlo sin degradar el servicio.
El coste de la electrificación
Un autobús eléctrico urbano cuesta de media 550.000 euros, el doble que uno de combustión. El metropolitano sube a 620.000 euros. A eso se añade la infraestructura de recarga: un punto por vehículo con un coste unitario que supera los 50.000 euros, más cerca de 55.000 euros adicionales para adaptar las cocheras. La electrificación no es solo una decisión de compra de vehículo, sino una transformación de toda la infraestructura de base de los operadores.
La Directiva Europea fija que desde 2030 la práctica totalidad de las compras deberán ser eléctricas, pero la transición completa de la flota se prolongará hasta 2040-2045, periodo durante el cual convivirán vehículos eléctricos y de combustión. Ese solapamiento técnico no reduce la urgencia inversora: las compras que se realicen hoy condicionan el perfil de la flota durante las próximas dos décadas.
La brecha de financiación como riesgo real
Los datos de ATUC se presentaron en el 32º Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con el operador local Guaguas Municipales. La asociación no detalla en el material disponible de qué fuentes debería proceder esa inversión de 3.300 millones anuales ni qué porcentaje recae sobre administraciones locales, autonómicas o el Estado.
Esa laguna es precisamente el nudo del problema. Los operadores de transporte público en España dependen en su mayor parte de financiación pública, y la presión simultánea de renovar flota, electrificar e incrementar capacidad en un horizonte de seis años exige una planificación presupuestaria que hoy no está garantizada. Sin un compromiso de financiación estable, la electrificación del transporte colectivo urbano corre el riesgo de quedarse en objetivo declarado sin traducción en contratos.
