El colapso parcial de la balsa minera de Monte Neme, en Carballo (A Coruña) y los riesgos observados durante las lluvias del mes de febrero en Andalucía que precisaron de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar las balsas de actividades mineras, volvieron a recordarnos algo incómodo pero real: hay infraestructuras (muchas vinculadas a actividades extractivas) que, aun fuera de operación, siguen representando un riesgo para el entorno. Las imágenes del vertido y la inquietud vecinal pusieron rostro a un hecho evidente: los incidentes ambientales ocurren, y estos pueden ser, además de graves, difíciles y costosos de revertir ya que las consecuencias según el tipo de impacto pueden oscilar en el entorno de decenas a centenares de millones de euros.
Este episodio dejó una reflexión que va más allá de la urgencia: estar preparados no es una opción. Y, en esa preparación, contar con una póliza de seguro de responsabilidad medioambiental, tanto para la operación como para el abandono, puede ser determinante.
Un riesgo conocido, pero a menudo infravalorado
Las balsas y depósitos mineros, incluso en desuso, pueden convertirse en un problema si el mantenimiento se debilita o si cambian las condiciones geológicas y climáticas. Cuando fallan, el impacto puede multiplicarse: vertidos a cursos de agua o acuíferos, afectación a ecosistemas y zonas protegidas, daños a suelos y vegetación, impactos sobre explotaciones agrícolas cercanas, riesgos para terceros y bienes colindantes, etc. Son solo algunos ejemplos. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta también costes de limpieza, reparación y restauración, que pueden dispararse.
Por tanto, no estamos solo ante un incidente técnico. Un solo episodio puede comprometer seriamente la viabilidad económica de la entidad responsable si esta no dispone de mecanismos de protección adecuados.
Monte Neme no es una excepción. La frecuencia e intensidad de episodios ambientales está aumentando por una combinación conocida: infraestructuras envejecidas, fenómenos meteorológicos más extremos y escenarios de abandono o falta de vigilancia. Durante esos días, por ejemplo, vimos la activación de la UME para proteger los perímetros de control de otras balsas ante las lluvias intensas en Andalucía. El diseño de infraestructuras actuales es mejor que el de décadas pasadas, pero el riesgo sigue ahí, así como también la necesidad de aseguramiento.
Prevención y transferencia del riesgo son dos pilares complementarios. Las administraciones deben reforzar la supervisión y actualización de instalaciones antiguas. Y las empresas −mineras, industriales, energéticas o gestoras de residuos− deben dar un paso al frente, no solo para cumplir, sino porque la responsabilidad medioambiental es, cada vez más, un compromiso con la sociedad y con las generaciones futuras.
La ley es clara: la responsabilidad permanece
La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental no deja lugar a la ambigüedad: el operador debe reparar el daño causado al entorno natural incluso si la actividad ya no está en marcha. El cierre administrativo, la retirada de maquinaria o el abandono de instalaciones no extinguen esa obligación. La empresa sigue siendo responsable legal y económicamente.
De hecho, la experiencia en España y Europa demuestra que algunos de los incidentes más graves no ocurren durante la operación, sino años después del cese.
Y aquí aparece el punto crítico: afrontar un daño ambiental sin cobertura puede ser devastador, no solo por el coste, sino también por el impacto reputacional y por la complejidad técnica y administrativa del proceso.
El rol del seguro medioambiental
Ante esta realidad técnica y jurídica, mantener un seguro de responsabilidad medioambiental incluso después del cierre deja de ser un “extra” y se convierte en una decisión responsable. Una póliza bien diseñada puede cubrir costes de reparación ambiental, gastos de emergencia y contención −críticos en roturas repentinas−, responsabilidad frente a terceros y exigencias legales que, sin garantías financieras, pueden derivar en escenarios más costosos y complejos.
Además, en muchos casos, esta cobertura es lo que permite afrontar un incidente sin poner en riesgo la continuidad de la organización.
Más allá de la obligación legal, mantener cobertura después del cierre es una señal de responsabilidad corporativa. Las comunidades ya no aceptan que una empresa se desvincule dejando riesgos ocultos, y cada vez más inversores, administraciones y grupos de interés piden garantías para toda la vida del riesgo, incluida la fase post-operacional. Monte Neme lo resumió con crudeza: lo que no se gestiona, se degrada; y lo que se degrada, tarde o temprano, acaba generando un coste ambiental, social y económico que alguien tendrá que asumir. Y ese “alguien” no debe ser el entorno ni la ciudadanía.
Contar con el acompañamiento adecuado resulta clave a la hora de analizar los riesgos ambientales desde una óptica técnica, jurídica y operativa. En WTW colaboramos habitualmente con empresas para ayudarles a identificar exposiciones, diseñar soluciones de transferencia de riesgo y garantizar una protección alineada con los marcos normativos y las expectativas sociales actuales. Porque asegurar no es solo proteger el presente, sino anticipar impactos y responder con responsabilidad al legado que dejamos.
Autor: Juan García-Cubillana Vázquez-Reina, director de Medioambiente en WTW España
