El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia promulgada en España, con el objetivo de evitar que se despilfarren alimentos que no hayan sido consumidos y así favorecer que se aprovechen mejor.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado el carácter pionero de la futura legislación (solamente Francia e Italia disponen de una regulación semejante) y su oportunidad, no solo porque todavía existen el hambre y la malnutrición en el mundo sino porque también “en estos momentos hablamos de la posibilidad de una crisis alimentaria y de la necesidad de la producción de alimentos en el mundo”.
Despilfarro y desperdicio alimentario
El desperdicio alimentario, ha señalado Planas, es una ineficiencia de la cadena alimentaria, en la que se produce una pérdida del 20%. Con el fin de limitar este porcentaje, todos los elementos de la cadena, salvo las tiendas menores de 1.300 metros cuadrados, estarán obligados a tener un plan específico.
La ley impone también otras obligaciones, como la de que los establecimientos de hostelería tendrán que poner a disposición del cliente la comida no consumida para llevársela, si así lo solicita.
Concienciación social
Planas ha destacado que, de ese 20% de las pérdidas a lo largo de la cadena, un 40% se da en la venta al por menor o en los hogares, de ahí que la ley tenga en la concienciación social del problema uno de sus pilares. En el año 2020, los hogares de España arrojaron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros, lo que significa 250 euros anuales por persona.
El texto regula, por otra parte, la donación a bancos de alimentos, estableciendo que solo podrán ser donados aquellos que estén dentro del periodo de consumo preferente, es decir, dentro del plazo en el que todas sus características están efectivamente vigentes.
